18 junio 2014

Contraloría debe asumir remuneraciones de jefes de las OCI

Para garantizar fiscalización de gobiernos descentralizados, dice Gloria Montenegro

La alcaldesa de Trujillo y presidenta de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Gloria Montenegro Figueroa, pidió de manera urgente que las remuneraciones de los jefes de los Órganos de Control Institucional (OCI), sean asumidas en su pliego presupuestal por la Contraloría de la República, para garantizar las acciones de fiscalización a los gobiernos municipales y regionales.
A la fecha los pagos de estos funcionarios y del personal de las OCI dependen de los gobiernos municipales y regionales, lo que en cierto modo limitaría su trabajo de control.
"Una de las propuestas de la AMPE, es que el personal de las OCI sea asumido por la Contraloría,  incluso se podría transferir ese sueldo para que ellos pongan una persona calificada, que realmente ejerza su rol de control y que tengan la posibilidad de viajar a cada una de las regiones de manera preventiva o reactiva”, expresó.
Montenegro, formuló este pedido durante su participación en la sesión de la Comisión Nacional de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), realizada ayer en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM, en Palacio de Gobierno.
En esta actividad pidió a los representantes de la CAN Nacional que participen de manera presencial en las Comisiones de Alto Nivel Anticorrupción Regionales para que ayuden, colaboren y fortalezcan la parte técnica, la parte de recursos y la parte resolutiva.
Por otra parte, consideró alentador ver a todos los sectores sociales comprometidos en uno de los problemas más graves de nuestro país, como es la lucha contra la corrupción y destacó la participación del presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, y de cada uno de los integrantes de la CAN.
Refirió, además, que pese a la existencia de la Ley Nº 29555, emitida en julio del 2010, que permite la incorporación progresiva de las plazas y presupuesto de las OCI a la Contraloría General de la República, a la fecha un 80% de funcionarios de dichas oficinas de control dependen del presupuesto de los gobiernos descentralizados.
Consideró que se debe trabajar en la prevención de actos irregulares y de corrupción, revisar la normatividad vigente en materia de contrataciones públicas y acentuar los mecanismos de control en los procesos, a fin de evitar posibles concertaciones de intereses.

“En todos los procesos es clave la presencia como observador del Órgano de Control Institucional”, anotó.