Por César Acuña Peralta
Estamos finalizando el año 2009. Si bien es cierto es otro periodo de tiempo en el que desarrollamos una serie de acciones tendientes a consolidar la presencia Institucional de la AMPE, todavía nos queda importante camino por recorrer, especialmente en el logro de las justas demandas que legitimen con más resultados nuestra representación. Pese a lo ya conseguido, subsisten importantes reclamos no atendidos. No nos explicamos –razonablemente– por qué motivos.
Estaríamos viviendo –según las normas vigentes– un pleno y vasto proceso de descentralización; sin embargo, la recentralización del manejo de los recursos públicos en el Ministerio de Economía y Finanzas, que dispone del Presupuesto General de la República para el próximo año, constituye la evidencia más preocupante de la falta de voluntad política para hacer realidad una de las reformas del Estado más necesarias y sentidas por la población.
Pero no solamente es el Presupuesto el que tiene que preocuparnos, hay otras demandas que no tocan la sensibilidad y la responsabilidad de las autoridades e instancias que tienen la potestad de atenderlas. Por ejemplo, la inclusión de un representante de la AMPE ante el Consejo Directivo del CEPLAN, la participación de los Gobiernos Locales en el Consejo de Coordinación Intergubernamental, así como la falta de acogida a las propuestas que sustentamos por la naturaleza y experiencia de las municipalidades.
No exageramos cuando hacemos públicos reclamos sobre la cantidad de iniciativas legislativas impulsadas por nuestra Institución a las que no se les da importancia en la Agenda Legislativa. En total son 16 y solo 4 han sido vistas para ser archivadas. Es anhelo que la Comisión de Descentralización vigente las retome, para que puedan convertirse en parte de la solución a los problemas que nos aquejan, tal como surge del compromiso de su Presidente en la reunión de Trujillo del 25 de septiembre.
Si nos referimos al respeto a nuestras autonomías y competencias, la situación es dramática. Por ejemplo, la Ley 29090 –Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones– no solo las afecta, sino que pone en riesgo la seguridad y la vida de la población, por lo que requiere ser modificada conforme a lo planteado por los colegios profesionales de Ingenieros y Arquitectos, el Cuerpo General de Bomberos, la Municipalidad de Lima y nuestra Institución, a través del Proyecto 2994-2008-GL.
Hay otras normas que nos agreden, como el Decreto de Urgencia N° 085-2009, que obliga a los Gobiernos Locales a destinar el 6% de sus recursos de inversión para ser invertidos a través de los llamados “Núcleos Ejecutores” y simultáneamente no se sensibilizan para atender las demandas de compensación ante la disminución de las transferencias de los recursos que por ley les corresponde. Cuando por ello alzamos la voz, se nos trata de “ineficientes” o que estamos haciendo “oposición al Gobierno”.
Es oportuno entonces, decir con claridad que la Asociación de Municipalidades del Perú, próxima a cumplir 28 años construyendo el Sistema Municipal Peruano, no es oposición, solo reclama sus derechos. La AMPE es una Institución gremial municipalista. Seguiremos en la lucha dentro del marco del derecho y la democracia, convencidos de que sin la descentralización no puede haber desarrollo integral y sostenido. Gracias.