César Acuña señala que organismo fue creado con fines políticos
El presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), César Acuña Peralta, exigió al Gobierno Central la inmediata disolución del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) y la restitución de sus competencias y recursos a las municipalidades, por ser estos organismos los que están más ligados a los problemas y necesidades de los pueblos.
Dijo que la restitución en su plenitud de tales funciones debe ser al nivel existente en 1996, año de creación de COFROPI por el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, que lo hizo con fines netamente políticos.
“Si el gobierno central tiene verdadera vocación descentralista, de inmediato el presidente Alan García debería emitir un decreto supremo que atienda el reclamo de las municipalidades ante los casos de evidente corrupción presentados en las oficinas del COFOPRI”, señaló.
Sostuvo que el gobierno mantuvo durante los últimos años a un organismo cuestionado y anti descentralista, utilizado desde su creación para el clientelaje político, “por lo que es momento de ponerle fin e investigar y sancionar a los responsables de los actos de corrupción”.
El presidente de la AMPE y alcalde de Trujillo manifestó que es errónea la propuesta del Jefe de Estado para transferir algunas competencias de COFOPRI a los gobiernos regionales, porque ello sería mantener el centralismo a nivel regional en materia de titulación de tierras agrícolas y eriazas.
Explicó que el año 1996 el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, ahora condenado a 25 años de cárcel, arrebató las funciones y competencias a los gobiernos locales bajo el pretexto de que existía demora en la entrega de títulos de propiedad, sin embargo, existió un trasfondo netamente político en este hecho.
“El entregar títulos de propiedad le generaba un gran colchón social que utilizó como instrumento político para mantenerse en el poder”, anotó.
“Por eso, la regularización y entrega de títulos de propiedad, tanto del sector urbano como rural, son de competencia exclusiva de las municipalidades, por mandato constitucional y de la Ley Orgánica de Municipalidades, y además porque es el gobierno local que está más cerca de la población”, expresó.
Además, dijo que las municipalidades cuentan con mayores mecanismos de fiscalización; aparte de la Contraloría y el Congreso de la República, están también las juntas vecinales, el Consejo de Coordinación Local, el propio Concejo Municipal y la participación directa de la ciudadanía.
Indicó, finalmente, que a la fecha se encuentran recortadas estas atribuciones porque se obliga a las municipalidades a suscribir convenios de asistencia técnica con COFOPRI para la entrega de títulos de propiedad. “Esta entidad debe disolverse de inmediato y crear una comisión de transferencia de sus competencias y recursos a los gobiernos locales y no a los regionales”, remarcó.