31 agosto 2010

Cierran siete comedores populares por irregularidades

Y capacitan a sus dirigentes


Por irregularidades contra la normatividad que rige a los comedores populares, fueron cerrados siete comedores populares. En uno de ellos, el procurador de la Municipalidad Provincial de Trujillo procedió a hacer la denuncia penal por haberse comprobado la venta de alimentos destinados a los comedores en el distrito La Esperanza, reveló la subgerente de Programas Alimentarios, María Elena Neyra Rodríguez.
Por eso, las dirigentes de las organizaciones sociales de base (OSB) –comedores populares o programa Vaso de Leche– están obligadas a conocer la normatividad vigente, a fin de no cometer irregularidades que determinan el cierre de los comedores o un proceso penal, cuando hacen mal uso de los alimentos adquiridos con dinero público.
En el distrito de Laredo, 48 socias directivas de OSB, al igual que en años anteriores, fueron capacitadas en la aplicación del nuevo reglamento de comedores populares de la MPT, que recoge nuevas modificaciones dando mayor participación al Comité de Gestión Local Provincial en la fiscalización de las OSB.
El abogado Luis Boy Vásquez, de la Gerencia de Desarrollo Social de la MPT, explicó a las dirigentes de los comedores de Laredo, que se dan las irregularidades cuando en vez de cocinar los alimentos para cincuenta beneficiarios, conforme lo establece el reglamento vigente, solo preparan para 20 o 30 personas; esta es una irregularidad, puntualizó.
Cuando en la fiscalización de aprecia este tipo de irregularidades, se procede a disminuir las raciones de acuerdo al número real de beneficiarios. De persistir, se determina el cierre del comedor y la reorientación de esos alimentos a otros comedores populares cercanos, a menos de 600 metros a la redonda, o a nuevos comedores que se forman para los más necesitados.
Cuando las irregularidades son graves, como la venta de alimentos, la Subgerencia de Programas Alimentarios de la MPT remite los actuados al Procurador Público Municipal, para la denuncia penal por delito de apropiación ilícita. Tras un proceso penal, las dirigentes responsables son pasibles de recibir una condena de hasta siete años de prisión.
La capacitación también comprendió orientaciones sobre el control de la calidad del producto, que debe ser apto para el consumo humano; el valor nutritivo de los mismos, las condiciones de higiene en la preparación y condiciones para almacenar los alimentos. Esta capacitación la dio la nutricionista Priscila Pairazamán Murrugarra.