•Agentes de Seguridad Ciudadana de
Trujillo apoyaron operativo realizado por la SUNAT y el Ministerio Público.
•Fiscalía de Prevención del Delito
investiga supuesta conexión entre vendedores de celulares y extorsionadores.
Un total de 232 teléfonos móviles de procedencia extranjera y sin la documentación sustentatoria de su origen legal, que se ofertaban en cinco puestos de venta del mercado La Hermelinda, han sido incautados de manera preventiva por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), durante un operativo realizado con el Ministerio Público y el apoyo de 33 policías de Seguridad Ciudadana de Trujillo.
El resultado de la intervención ha sido
comunicado al gerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de la
Municipalidad Provincial de Trujillo, César Florez Corbera, mediante un informe
redactado por los supervisores de los agentes ediles que apoyaron en esta
diligencia de fiscalización.
.jpg)
Agregan que, según las actas de la
Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Trujillo (Ministerio
Público) y de la Intendencia de Aduana de Salaverry, han sido incautados 65
teléfonos en el puesto D-76, a cargo de Cinthia Obeso Oliva; 26 en el puesto
D-37, conducido por Evert Angulo Méndez; 15 en el puesto D-77, administrado por
Javier Joel Figueroa Molina; 41 en el puesto 79 del pabellón D, de Leo Acaro
Cruz; y 82 en el puesto D-79, del mismo Leo Acaro Cruz.
El informe de Seguridad Ciudadana de
Trujillo refiere que durante la fiscalización, también se han incautado tres
tablets, una máquina tragamonedas de procedencia china y 15 balones de fútbol.
En la diligencia participaron 02
fiscales de la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Trujillo
(Ministerio Público), 04 oficiales y 04 unidades móviles de la Intendencia de
Aduana de Salaverry (SUNAT), 33 policías ediles y 05 patrulleros de Seguridad
Ciudadana de Trujillo.
CONEXIÓN CON EXTORSIONADORES
Extraoficialmente se conoció que la
Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Trujillo estaría
investigando una presunta conexión entre los conductores de los puestos
fiscalizados y bandas de extorsionadores, ya que habría detectado que los
comerciantes entregan a estos últimos una lista con los números de los chips
vendidos en sus establecimientos, supuestamente para fines delictivos.