MIMP
incentiva económicamente a Demunas por cumplir objetivos en defensa de la niñez
En las localidades andinas de la Libertad la mayoría de casos de violación de los derechos atendidos por las Defensorías Municipales del Niño y Adolescente (Demuna) son demandas por alimentos, seguido de tenencia de los hijos. En estos casos se acude a la conciliación extrajudicial, para buscar la solución más adecuada para que los niños no sufran hambre.
Estos y otros temas fueron abordados
durante el evento de capacitación “Taller para Defensores del Servicio de
Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente”, organizado por el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), con el apoyo de la Municipalidad
Provincial de Trujillo.
En esta actividad se indicó que el MIMP
otorga incentivos en recursos financieros a las Demunas que cumplan sus
objetivos en defensa de los niños y adolescentes.
La Municipalidad de Trujillo, a través
de la Gerencia de Desarrollo Social y Subgerencia de Derechos Humanos, ofreció
su decidió apoyo para realizar este evento de dos días de duración dirigido a
las Demunas distritales y provinciales de las regiones La Libertad y
Lambayeque.
Esta actividad, en su segundo día, ayer
en el auditorio de la Beneficencia Pública de Trujillo, congregó a 50
defensores, los que al final fueron evaluados.
De acuerdo a información de responsables
de las Demunas andinas de las comunas de
los distritos de Pataz, Huancaspata y Agallpampa, el mayor número de
casos atendidos, son demandas que hacen
mujeres por alimentos para sus menores hijos. Estos casos son muy lamentables
porque a la pobreza de las familias se suma la irresponsabilidad de los padres.
El MIMP destacó para capacitar al
abogado Antonio Torres Trujillo y en
nuestra ciudad el evento recibió el apoyo de la alcaldesa provincial Gloria
Montenegro Figueroa; de la gerente de Desarrollo Social, Tania Baca Romero; y
la subgerente de DD. HH., María del Carmen Herrera Florián, que aportaron recursos
logísticos y humanos.
La atención que ofrecen las Demunas,
está orientada a detener o evitar a vulneración de los derechos fundamentales
de niños y adolescentes, solicitar al órgano competente la protección a niños y
adolescentes y ofrecer a los niños vulnerados en sus derechos el soporte legal,
psicológico y social que sea necesario.
La atención integral a niños y
adolescentes faculta a cualquier autoridad para intervenir y garantizar la
vigencia de los derechos de los niños y adolescentes, fundamentándose en los
principios del interés superior del niño y en éste como sujeto de derecho.