20 agosto 2014

La MPT clausuró a empresas de transporte TEPSA y Cruz del Norte

Tenían licencia de funcionamiento con giro distinto


Dos empresas de transporte, con locales ubicados en la cuadra 13 de Avenida La Marina, que funcionaban al margen de la norma edil vigente, fueron clausuradas por la Municipalidad Provincial de Trujillo, ante la atenta mirada de la alcaldesa Gloria Montenegro Figueroa, quien supervisó la colocación de bloques de concreto para evitar el ingreso de buses.
El operativo de cierre estuvo a cargo de personal de la Subgerencia de Licencias de la MPT, con apoyo de personal policial y de seguridad ciudadana, para que la clausura se realice sin mayores contratiempos.
“Es un cierre preventivo, de 30 días, luego vendrá la intervención de Defensa Civil, porque se han encontrado muchísimos riesgos de seguridad. En el caso de TEPSA, no cuentan con licencia de funcionamiento, por ello será clausurado”, enfatizó la autoridad municipal.
Respecto a la empresa Cruz del Norte, se indicó que había solicitado su licencia de funcionamiento aduciendo que en el establecimiento sólo se realizarían trámites administrativos, pero personal de la gerencia de Desarrollo Económico Local verificó que en el establecimiento se realizaba el embarque y desembarque de pasajeros, fungiendo de terminales terrestres.
“En este caso, pidieron la licencia para funciones administrativas, y resulta que están embarcando y desembarcando. Por más notificaciones e invitaciones que se les hizo para que se incorporen al terminal terrestre, no acataron. Lamentablemente no tienen en cuenta la normatividad y el local fue clausurado”, recalcó la alcaldesa provincial.
La sanción aplicada a Cruz del Norte corresponde a una medida pecuniaria aplicada por infracción al código B-310, que equivale al 35% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT); en tanto que TEPSA no cuenta con licencia de funcionamiento, por lo que también fue clausurada por 30 días, y se le impuso una sanciona pecuniaria de 240% de una UIT, por la infracción al código 301.

Las empresas intervenidas deberán  subsanar las observaciones detectadas y regularizar su situación en el plazo de 30 días, pero debido a que la zona no es compatible con el uso es probable que el cierre sea posteriormente definitivo.