En
Mesa de Diálogo por la Seguridad Ciudadana, en
la MPT
Medidas a implementar próximamente para combatir la inseguridad ciudadana y en Trujillo las extorsiones, a lo que calificó como el principal problema, anunció el ministro del Interior, Daniel Urresti Elera, en reunión con diversas autoridades de la región La Libertad en el salón consistorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
“Estamos
trabajando y el lunes iré al Congreso para pedir que se aprueben algunas
medidas que permitan que la policía realice una mejor labor”, dijo, tras
recibir el saludo de la alcaldesa de Trujillo, Gloria Montenegro Figueroa,
quien se comprometió a apoyar las acciones necesarias para devolverle la tranquilidad
a la ciudad.
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Al
intervenir, el ministro recordó que Trujillo era una ciudad pacifica, donde se
podía caminar de día y noche sin temor, y que eso comenzó a cambiar, pero no se
adoptaron medidas a tiempo y ahora quienes no actuaron se rasgan la vestidura.
“Se
ha estudiado el problema de Trujillo y para acabar con el principal, que es la
extorsión, ya hay algunas medidas”, precisó, anunciando que se están
desarrollando tres herramientas vitales para acabar con las extorsiones: La
nueva Ley de fiscalización de armas y explosivos, Suspensión o anulación de los
reconocimientos oficiales de los sindicatos de construcción civil, Reglamento
de la Ley contra el crimen organizado y la “lanchada” de los principales cabecillas
de bandas dedicadas a la extorsión.
Respecto
a su primera medida indicó que ahora los delincuentes tienen armas con licencia
por lo que adelantó que el lunes que irá al Congreso, pedirá que se apruebe la
ley que mediante Decreto Supremo permitirá que se pueda suspender
territorialmente todas las licencias de armas, por 18 ó 24 meses, o se
suspendan en todos los sindicatos de construcción civil. “Esto es fundamental,
si lo logramos estaremos dándole un herramienta a la policía para que
intervengan”, acotó.
La
segunda es lograr la suspensión o anular el protocolo que permita en
coordinación con los ministerios del Interior y Trabajo que se anulen los
reconocimientos de los sindicatos de construcción civil con indicios de
participar en extorsiones y otros delitos, los que dicen representar a gremios
y solo representan a una directiva de delincuentes.
Otra
medida es lograr que se apruebe el reglamento de la Ley Contra el Crimen
Organizado, que permitirá que cuando se llame por celular para extorsionar se
pueda intervenir por flagrancia y que las operadoras de las empresas de
comunicación estén obligadas a informar sobre la ubicación georreferenciada del
celular.
Además,
se coordinará con el Ministerio de Justicia y el INPE para “lanchar” o
trasladar a los cabecillas de bandas. “La cárcel es el hogar y centro de
operaciones de los jefes de pandilla, pero si los trasladas se ponen a rogar y
llorar, porque a donde vayan tendrán que comenzar de nuevo. Eso para mí es
incluso más efectivo que los bloqueadores”, concluyó.